La empresa del líder de Podemos en Madrid suma 2 condenas en 10 días por despidos improcedentes
La empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (ESMASA), presidida por el líder de Podemos en la Comunidad de Madrid, Jesús Santos, ha sido condenada dos veces este mes de febrero por despidos improcedentes a personas con discapacidad. Con apenas 10 días de diferencia, la única compañía municipal alcorconera ha recibido sendos varapalos judiciales que le obligan a abonar a los perjudicados en concepto de indemnización un total de 109.782,78 euros.
Las sentencias dictadas por el Juzgado de los Social nº1 de Móstoles, a las que ha tenido acceso OKDIARIO, concluyen que la empresa, encargada de la recogida de los residuos sólidos urbanos, la limpieza viaria y las encomiendas del Ayuntamiento de Alcorcón, despidió a los dos trabajadores, ambos con un grado de discapacidad del 33 %, de manera improcedente.
El primer fallo, fechado el pasado cinco de febrero, hace referencia al caso de J.R., quien afirma en declaraciones a este periódico que Jesús Santos le hizo «la vida imposible» durante su última etapa en la compañía, en la que sufrió reiterados episodios de acoso por parte de sus compañeros ante la inacción del presidente podemita y teniente de alcalde de Alcorcón.
«Me ponían silicona en la cerradura de la taquilla, me dejaban restos de comida y de basura, me hacían pintadas con insultos… cuando ponía los hechos en conocimiento del presidente, me ignoraba», relata el afectado.
«Santos me quería fuera de la empresa», asevera J.R.. Prueba de ello es que, después de causar baja durante más de un año y de que los médicos le prohibieran coger peso, la antigua dirección de ESMASA, a cargo del Partido Popular, le permitió reincorporarse en un puesto más tranquilo.
Sin embargo, cuando llegó el dirigente ‘morado’ a la presidencia en 2019 le dijo que no podía desempeñar esa función, a pesar de su incapacidad diagnosticada para realizar otras labores que implicaban un mayor esfuerzo físico.
De acuerdo con la versión del afectado, Jesús Santos, que había trabajado antes en la empresa, sentía cierta animadversión hacia su persona por haberse marchado de la Confederación General del Trabajo (CGT), sindicato que no le ayudó con sus problemas laborales y en el que militaba el líder madrileño de Podemos, a Comisiones Obreras (CCOO).
El 15 de febrero del año pasado la empresa, dando cumplimiento al fallo de la sentencia del Juzgado de lo Social nº5 de Madrid de 28 de junio de 2019, que declaraba la incapacidad permanente total del trabajador, cursó su baja en la Seguridad Social.
Un despido que ahora la Justicia ha calificado de improcedente y por el que ESMASA debe indemnizar con 49.537,59 euros al trabajador aunque, según ha avanzado la compañía, va a presentar recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Detective privado
Por su parte, el despido de G.D., por el que la empresa de Santos debe pagarle 60.245,19 euros o bien readmitirla en la empresa abonándole los salarios dejados de percibir desde el día 13 de Marzo de 2020, se precipitó después de que la empresa le espiara con un detective privado.
La susodicha causó baja de su trabajo por una situación de incapacidad temporal por contingencias comunes el día 11 de Noviembre de 2019 con el diagnóstico mialgia y miositis neom. Parece ser que Santos receló de la baja de su trabajadora y la empresa contrató los servicios de un detective privado para que la siguiera.
El detective fotografió a la mujer los días 13 de diciembre de 2019 y 10 de enero y 9 de marzo de 2020 realizando labores de su vida cotidiana como hacer la compra en el supermercado, ir a un centro comercial, pasear o conducir un coche.
Unas actividades que, para ESMASA, ponían en evidencia que la mujer estaba cometiendo «faltas muy graves» por lo que, el 13 de marzo de 2020, procedió a su despido disciplinario.
No obstante, la sentencia dictada por el Juzgado de los Social nº1 de Móstoles el pasado 17 de febrero concluye que las actividades que se describen en la carta de despido no son constitutivos de una falta muy grave porque «parecen compatibles con la situación de incapacidad temporal, no perjudicando la recuperación y evolución de su diagnóstico» de la trabajadora.
Por ello, reza el fallo, «la sanción de despido disciplinario impuesta por ESMASA a la actora no es adecuada y proporcional teniendo en cuenta que no ha existido incumplimiento contractual alguno».
Campaña de difamación
Para la alcaldesa socialista de Alcorcón, Natalia de Andrés, estas sentencias judiciales «forman parte de una campaña de difamación a Santos por parte de la derecha» por la «responsabilidad política» de su teniente de alcalde en la formación de Pablo Iglesias.
Según la regidora, la empresa municipal de limpieza «funciona de maravilla, tras ocho años de dejadez y abandono del Partido Popular», aunque, según ha podido saber OKDIARIO, la empresa tiene pendientes dos sentencias más por otros dos presuntos despidos irregulares.